DENIEGAN PRISIÓN DOMICILIARIA A DETENIDO POR ABUSO SEXUAL
El Juzgado de Instrucción de Violencia de Género y Protección Integral de Menores N° 1, a cargo de la jueza Dra. Karina Cabral, resolvió no conceder prisión domiciliaria a un imputado del delito de ABUSO SEXUAL CON ACCESO CARNAL CALIFICADO POR LA SITUACION DE CONVIVENCIA PREEXISTENTE según tipifica el artículo 119, tercer párrafo y cuarto, inciso F del C.P. y II. Asimismo, solicitó que la Alcaidía, adopte todos los recaudos necesarios para "garantizar la salud" de los detenidos de acuerdo al contexto extraordinario actual de pandemia.
La abogada defensora del imputado, solicitó la Prisión Domiciliaria con fundamento en que el detenido se encuentra en situación de riesgo por el hacinamiento en alcaidía lugar de detención, ante la situación sanitaria de pandemia por dengue y el posible brote de COVID-19 (coronavirus).
Por su parte, la Jueza fundamentó que “Respecto al argumento centrado en la emergencia sanitaria en la que nos encontramos, tampoco corresponde su acogimiento en base a que, en caso de contagio, el mejor lugar para su atención sería el hospital al cual será trasladado en aplicación del Protocolo vigente y no su domicilio, lugar en el que pondría en riesgo a sus familiares o personal policial que deberá trasladarlo o custodiarlo”.
Por otro lado, el imputado "no corre peligro de contagio", en función a que hasta el momento no se ha presentado entre la población carcelaria ningún caso de contagio, por lo cual la suposición de riesgo es una mera "conjetura". Las autoridades nacionales, provinciales y municipales, se encuentran dictando medidas preventivas de público conocimiento para evitar su propagación, por lo que éste tipo de pedidos basados en situaciones de riesgos potenciales, sin un mínimo análisis del caso que somete a este debate, falto de apoyo normativo como así también de los elementos suficientes que respalden su pretensión, no deben prosperar. Resolver lo contrario implicaría en la práctica, tener que ordenar la prisión domiciliaria a todos los detenidos tanto en Alcaidía como en el Servicio Penitenciario Provincial, ya que todos se encontrarían en la misma situación de riesgo, lo que implicará poner en riesgo a la sociedad con el peligro de fuga de los internos.