CHILECITO: DENEGARON NUEVAMENTE PEDIDO DE EXCARCELACIÓN DE IMPUTADO POR ABUSO SEXUAL

La Cámara Primera en lo Civil, Comercial, de Minas, Criminal y Correccional, de la Segunda Circunscripción Judicial con asiento en la Ciudad de Chilecito, a cargo del Tribunal integrado por los Dres. Rita Silvina Albornoz, Alberto Miguel Granado y Claudia Rosa Zarate, resolvió no hacer lugar a un nuevo pedido de Excarcelación solicitado a favor del imputado P.L. acusado de delito Contra la Integridad Sexual, en perjuicio de una menor de edad.

Al momento de formular el nuevo pedido, el letrado solicitó la reposición del derecho a la libertad del que goza y es titular su defendido y manifestó que no sólo ha concluido la etapa de instrucción penal, sino que la misma ha avanzado hasta el estadio previo a la audiencia de debate. De ello, el mismo infirió la ausencia total de peligro procesal y delictual.

Cabe destacar que en septiembre del corriente año, se tramitó un pedido de excarcelación, el cual fue denegado. Del análisis de la nueva solicitud, no surgió ningún elemento novedoso que amerite una decisión diferente a la ya adoptada con anterioridad por el mismo Tribunal interviniente.

Por lo que en este sentido, tratándose de un delito de violencia sexual y particularmente la ejercida sobre una menor, merecedora de una doble protección tanto por su condición de menor y de mujer, surge la obligación consagrada en los distintos cuerpos normativos nacionales, supra nacionales y los compromisos internacionales asumidos por el Estado Argentino en la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la violencia contra la Mujer (Convención de Belem Do Pará) y la Convención de los Derechos del Niño, de asegurar el debate oral y de evitar instancias que lo impidan.

En ese sentido, el Tribunal precisó que, desde esta perspectiva, no resulta un dato menor que la presente causa se encuentre actualmente en la etapa de juicio, en los actos preliminares al debate, lo cual pone en evidencia que la realización del juicio oral es inminente y fundamenta la necesidad de mantener la medida de coerción vigente, en tanto se advierte un riesgo para el derecho que se quiere proteger, que es en este caso la actuación efectiva de la ley penal y la buena marcha del proceso, con los aditamentos tuitivos que se ciernen sobre la victima por su condición de adolescente y mujer.