LA JUSTICIA PROCESÓ CON PRISIÓN PREVENTIVA A UN HOMBRE ACUSADO DE ESTAFA POR LA ENTREGA DE DOS VEHÍCULOS

El Juzgado de Instrucción en lo Criminal y Correccional N.º 2 de la Primera Circunscripción Judicial con sede en la ciudad de La Rioja, a cargo del juez Dr. Daniel Barría, quien resolvió dictar el procesamiento y prisión preventiva contra A. J. J., como supuesto autor del delito de Estafa, previsto en el artículo 172 del Código Penal.

Además del procesamiento y prisión preventiva el juez, revocó la eximición de prisión que le había sido otorgada, ordenó su detención y trabó embargo sobre sus bienes por $50 millones.

La causa fue iniciada a partir de la denuncia de un comerciante dedicado a la compra y venta de automóviles, quien sostuvo haber entregado al imputado dos vehículos bajo un acuerdo que contemplaba su posterior pago.

De acuerdo con las actuaciones, el primero de los vehículos fue entregado el 20 de enero de 2024, una camioneta Volkswagen Amarok Trendline 0 km. Posteriormente, el 18 de junio de 2024, el denunciante entregó una Toyota Hilux. Según lo convenido, los rodados debían ser abonados dentro de los 180 días desde su entrega, tomando como referencia su valor de mercado al momento de la cancelación.

La investigación sobre los vehículos

Según consta en la resolución judicial, el denunciante manifestó que existía una relación familiar y de confianza con el imputado y que este tipo de operaciones eran habituales entre ellos. Al cumplirse el plazo inicialmente acordado, habría aceptado otorgarle una prórroga ante los problemas económicos y de salud que, según le había manifestado el acusado, atravesaba en ese momento.

El denunciante sostuvo que posteriormente comenzó a reclamar el cumplimiento del acuerdo mediante mensajes, llamadas y visitas. Según su presentación, inicialmente el imputado habría reconocido la deuda y manifestado su intención de pagar, incluso ofreciendo otros vehículos como parte de pago, aunque finalmente la obligación no habría sido cumplida.

Para resolver, el Juzgado analizó las declaraciones testimoniales incorporadas a la causa, documentación, conversaciones de WhatsApp, informes dominiales y actas de secuestro, entre otros elementos probatorios.

En particular, la resolución señala que distintos testimonios respaldaron aspectos relacionados con la entrega de los vehículos, la existencia de una relación previa de confianza y los posteriores reclamos efectuados por el denunciante.

Los vehículos habrían sido vendidos a terceras personas

Uno de los elementos considerados por el magistrado fueron los informes dominiales, de los cuales surgiría que los vehículos posteriormente fueron vendidos e inscriptos a nombre de otras personas.

Asimismo, las actas de secuestro incorporadas al expediente acreditaron, según la resolución, el posterior hallazgo de los rodados mediante actuaciones realizadas en Tucumán y Salta.

Para el Juzgado, estos elementos permitieron sostener, con el grado de probabilidad requerido en esta instancia procesal, que el imputado habría dispuesto de los vehículos que había recibido y los habría incorporado al tráfico comercial sin cumplir con la contraprestación acordada.

Tras efectuar una valoración integral de los elementos reunidos durante la instrucción, el juez consideró acreditados, con el grado de probabilidad exigido para esta etapa, tanto la materialidad del hecho investigado como la presunta participación del imputado en calidad de autor del delito de estafa.

Prisión preventiva y orden de detención

Al analizar la situación procesal del acusado, el magistrado también evaluó la existencia de riesgos procesales. La resolución señala que el imputado registra domicilio real en San Miguel de Tucumán y que no tendría arraigo familiar, laboral o domiciliario efectivo dentro de la jurisdicción de la provincia de La Rioja.

El Juzgado consideró además la distancia geográfica, la gravedad de la imputación y las características de la maniobra investigada, que habría involucrado el traslado y disposición de vehículos hacia otras provincias.

Sobre esa base, resolvió que existía riesgo de fuga y de entorpecimiento de la acción de la Justicia, por lo que dispuso revocar la eximición de prisión otorgada anteriormente y ordenar la inmediata detención del procesado y su posterior traslado al Servicio Penitenciario Provincial.

Finalmente, el magistrado ordenó trabar embargo sobre los bienes del procesado hasta cubrir la suma de $50.000.000, destinada a garantizar la eventual pena pecuniaria y las costas del proceso.