LA JUSTICIA ESCUCHÓ LOS ALEGATOS EN UN JUICIO POR ABUSO SEXUAL CONTRA UNA MUJER ADULTA MAYOR

La Cámara Tercera en lo Criminal y Correccional de la Primera Circunscripción Judicial, con sede en la ciudad de La Rioja, se llevó a cabo una nueva jornada del juicio contra I. G. I., por un hecho calificado como abuso sexual con acceso carnal. El tribunal es presidido por la jueza Dra. Edith Agüero e integrado por los vocales jueces Dres. Karina Cabral y Gustavo Díaz.

La audiencia se desarrolló con la representación del Ministerio Público Fiscal en la que interviene el Dr. Rafael López, mientras que la defensa técnica del imputado está a cargo del Dr. Ángel Fernando Luna; por su parte la fiscalía solicitó una pena de 11 años de prisión efectiva, mientras que la defensa pidió la absolución del acusado.

Incorporación de prueba y alegatos

Durante la audiencia se incorporó la prueba documental ofrecida por las partes, tras lo cual el Ministerio Público Fiscal y la defensa expusieron sus alegatos finales ante el tribunal.

En primer término, la fiscalía sostuvo que la prueba producida durante el debate permitió acreditar la responsabilidad penal del imputado por los hechos investigados. Durante su exposición, el representante del Ministerio Público realizó un análisis integral de las pruebas incorporadas al juicio y de las declaraciones testimoniales escuchadas a lo largo de las distintas jornadas.

Según el planteo acusatorio, los elementos reunidos permitieron reconstruir la mecánica del hecho y sostener la autoría del acusado en el delito de abuso sexual con acceso carnal, previsto y penado por el artículo 119 del Código Penal.

Pedido de condena por parte de la fiscalia

En función de ello, el fiscal solicitó que el tribunal condene al imputado a la pena de once años de prisión de cumplimiento efectivo, considerando las pautas de mensuración establecidas en los artículos 40 y 41 del Código Penal.

Entre los agravantes mencionados durante el alegato se destacaron la situación de vulnerabilidad de la víctima, la condición de funcionario policial que ostentaba el acusado al momento de los hechos y el período durante el cual permaneció sustraído de la acción de la Justicia.

Asimismo, el Ministerio Público Fiscal requirió que los hechos sean valorados dentro del marco normativo de protección integral contra la violencia hacia las mujeres, conforme a la legislación nacional y provincial vigente.

La postura de la defensa

Por su parte, la defensa solicitó la absolución de su representado al sostener que durante el debate no se logró acreditar la materialidad del hecho ni reunir prueba suficiente para sustentar una condena penal.

En ese sentido, argumentó que la denuncia presentaría inconsistencias y cuestionó la valoración de los elementos probatorios incorporados durante el juicio.

Antes de finalizar la audiencia, el imputado hizo uso de su derecho a pronunciar sus últimas palabras ante el tribunal. En esa instancia se declaró inocente de la acusación formulada en su contra.