LA JUSTICIA PARTICIPÓ EN LA ELABORACIÓN DE UN PROTOCOLO INTERINSTITUCIONAL ANTE SITUACIONES DE INTIMIDACIÓN EN ESCUELAS

El encuentro se realizó en Casa de Gobierno y contó con la participación de la vocal del Tribunal Superior de Justicia, Dra. Karina Becerra acompañada por la Dra Yvana Alarcon Rearte jueza de Familia, Niñas, Niños y Adolescentes N° 4; quienes junto a autoridades del Poder Ejecutivo y Legislativo, en el marco de un abordaje conjunto para definir acciones frente a hechos de intimidación pública en el ámbito educativo.

En una reunión desarrollada en el Salón Blanco de Casa de Gobierno, encabezada por el jefe de Gabinete de Ministros, Juan Luna Corzo, se avanzó en la construcción de un protocolo provincial de intervención ante situaciones de intimidación en instituciones educativas. El encuentro reunió a representantes de distintas áreas del Estado, con el objetivo de articular respuestas coordinadas frente a una problemática que ha generado preocupación a nivel social.

En este contexto, la participación de la Dra. Karina Becerra, vocal del Tribunal Superior de Justicia, aportó la mirada judicial sobre la intervención en este tipo de hechos, destacando la importancia de brindar tranquilidad a la sociedad y garantizar una respuesta institucional firme. La magistrada señaló que, una vez detectadas estas situaciones y puestas en conocimiento de las autoridades, “la Justicia ya está interviniendo con firmeza”, y advirtió que tanto las personas menores de edad como sus responsables legales pueden enfrentar consecuencias conforme a la legislación vigente.

Becerra explicó que estos hechos se encuentran contemplados en el Código Penal y que su abordaje dependerá de una evaluación específica de cada caso, en función de la gravedad de la conducta. En ese sentido, indicó que se dará intervención a los juzgados de familia a través de las áreas penales correspondientes, donde se determinará la eventual responsabilidad y las medidas a adoptar, que pueden incluir desde acciones socioeducativas hasta sanciones más gravosas en los supuestos de mayor complejidad.

Asimismo, remarcó la necesidad de tomar conciencia sobre la seriedad de estas conductas, señalando que “no se trata de bromas”, sino de situaciones que pueden generar antecedentes y consecuencias a futuro para los adolescentes involucrados, incluso en su desarrollo social y laboral.

Por su parte, el jefe de Gabinete, Juan Luna Corzo, destacó que el objetivo del encuentro fue definir un marco de actuación conjunto entre las distintas funciones del Estado, subrayando la importancia de continuar profundizando este trabajo en articulación con instituciones educativas, familias y la comunidad en general.

En la misma línea, el ministro de Educación, Ariel Martínez, explicó que el protocolo elaborado tiene un enfoque preventivo y de acompañamiento, orientado a fortalecer el rol de la escuela y la comunidad educativa. Detalló que, ante la detección de un hecho de intimidación, se activarán mecanismos de intervención que contemplan tanto la participación del sistema educativo como de las áreas de seguridad y justicia, según el nivel de complejidad del caso.

A su turno, el ministro de Gobierno, Seguridad y Justicia, Dr. Miguel Zárate, precisó que la Policía de la Provincia actuará de manera articulada con la Función Judicial ante este tipo de situaciones, remarcando que conductas como amenazas, mensajes intimidatorios o simulaciones de riesgo constituyen delitos penales.