LA JUSTICIA DISPUSO SEGUIMIENTO Y MEDIDAS SOCIOEDUCATIVAS TRAS UN EPISODIO EN UNA ESCUELA

El Juzgado de Familia, Niñas, Niños y Adolescentes N° 4 - Secretaria Penal- de la Primera Circunscripción Judicial, con sede en la ciudad de La Rioja, a cargo de la jueza Dra. Yvana Alarcón Rearte, intervino en una actuación vinculada a un hecho de amenazas en ámbito escolar, que involucra a un adolescente, disponiendo medidas de protección, acompañamiento y responsabilidad familiar conforme a la Ley 26.061.

En el marco de una audiencia celebrada el 22 de abril de 2026, compareció una mujer en carácter de tutora legal del adolescente. Durante el acto, se abordó un hecho ocurrido el día anterior en una institución educativa, donde el joven habría exhibido un objeto con apariencia de arma, lo que motivó la intervención judicial.

En este contexto, el Juzgado de Familia, Niños, Niñas, Adolescentes y Adultos Mayores Nro. 4 - Secretaria Penal, dispuso una serie de medidas orientadas a la protección integral y al acompañamiento del adolescente, conforme a los principios establecidos por la normativa vigente en materia de niñez y adolescencia. Entre ellas, se estableció la obligatoriedad de realizar una evaluación y seguimiento psicológico en el sistema de salud pública, garantizar la continuidad educativa y fomentar la participación en actividades deportivas.

Asimismo, se impuso a la persona responsable del cuidado el compromiso de supervisar la conducta del adolescente en los distintos ámbitos de su vida, asegurando el cumplimiento de pautas de convivencia y la abstención de conductas de riesgo. También se dispuso el deber de informar a la autoridad judicial ante cualquier situación que pudiera implicar un riesgo para el joven o terceros.

Como parte de la respuesta judicial, se estableció además una tarea socioeducativa, consistente en la elaboración de un proyecto de reflexión en el ámbito escolar, con acompañamiento institucional, con el objetivo de promover la toma de conciencia sobre la conducta desplegada y sus consecuencias.

Finalmente, se advirtió que el incumplimiento de las medidas dispuestas podría derivar en nuevas actuaciones judiciales, en resguardo del interés superior del adolescente.

La intervención se enmarca en un enfoque de protección integral de derechos, priorizando acciones preventivas, educativas y de contención, con el objetivo de fortalecer el entorno familiar y social del joven.