LA JUSTICIA PROCESÓ A UN HOMBRE POR ROBO EN UN DOMICILIO DE LA RIOJA

El Juzgado de Instrucción en lo Criminal y Correccional N° 3 de la Primera Circunscripción Judicial, a cargo de la jueza Dra. María Eugenia Torres, resolvió dictar el procesamiento contra un hombre acusado del delito de robo, en un hecho ocurrido en un domicilio del paraje Don Goyo, sobre Ruta Nacional N° 38 de la ciudad Capital.

La medida recayó sobre Luis G. B. quien se le atribuye haber ingresado, junto a otra persona no identificada, a una vivienda tras violentar una reja y una puerta de acceso, para sustraer una gran cantidad de elementos de valor pertenecientes al damnificado.

Según surge de la investigación, el hecho ocurrió el 28 de febrero de 2023, alrededor de las 19:10 horas. Entre los objetos sustraídos se encontraban artefactos del hogar, sanitarios, herramientas, cables, electrodomésticos y otros bienes, lo que evidencia la magnitud del desapoderamiento.

Durante la etapa investigativa, se incorporaron diversas pruebas, entre ellas actas de inspección ocular, secuestro de elementos, testimonios y registros fotográficos. Parte de los objetos denunciados como sustraídos fueron posteriormente recuperados de un vehículo ubicado en un domicilio vinculado al imputado, lo que reforzó la hipótesis acusatoria.

Asimismo, la identificación del imputado se sustentó, entre otros elementos, en el reconocimiento realizado por una testigo, quien lo observó salir del inmueble al momento del hecho.

En función de las pruebas reunidas, la magistrada consideró acreditada, con el grado de probabilidad propio de esta etapa procesal, la participación de Luis G. B. como autor del delito de robo, previsto en el artículo 164 del Código Penal.

No obstante, se dispuso que el imputado continúe el proceso en libertad, al tratarse de un delito excarcelable, carecer de antecedentes penales y no advertirse riesgos procesales de fuga ni de entorpecimiento de la investigación.

Finalmente, el Juzgado ordenó trabar embargo sobre los bienes del imputado por la suma de 1.500.000 pesos, a fin de garantizar eventuales responsabilidades económicas derivadas del proceso.