EL TSJ DISPUSO MEDIDAS INSTITUCIONALES EN TRES ACTUACIONES VINCULADAS AL CONTROL DEL SERVICIO JUDICIAL

El Tribunal Superior de Justicia de la Provincia de La Rioja resolvió iniciar actuaciones de superintendencia por un caso de femicidio, adoptar medidas ante demoras en la resolución de una magistrada y dar tratamiento a una denuncia por presunta violencia laboral en el ámbito judicial.

En el marco de un Acuerdo de Superintendencia celebrado el 11 de marzo de 2026, el Tribunal Superior de Justicia adoptó diversas decisiones institucionales orientadas a garantizar el adecuado funcionamiento del servicio de justicia y fortalecer los mecanismos de control interno dentro de la Función Judicial.

En primer término, y ante el hecho de público conocimiento referido al femicidio de Jesica Verónica Mercado (34), el Alto Cuerpo dispuso la apertura de actuaciones preliminares de superintendencia con el objetivo de relevar la intervención realizada por los distintos organismos que actuaron en el caso.

En ese contexto, se solicitaron informes al Ministerio Público Fiscal, a la Policía de la Provincia, al Juzgado de Instrucción en Violencia de Género y Protección Integral de Menores y al Juzgado de Ejecución Penal, a fin de analizar las actuaciones cumplidas por cada organismo, particularmente en relación con las denuncias oportunamente formuladas por la víctima, y evaluar la eventual adopción de medidas institucionales o disciplinarias que pudieran corresponder.

Por otra parte, el Tribunal declaró la pérdida de competencia de una magistrada de la Cámara Cuarta en lo Civil, Comercial y de Minas de la Primera Circunscripción Judicial, al verificarse el vencimiento del plazo legal para dictar resolución luego de haberse presentado un pronto despacho. En consecuencia, se dispuso la remisión de las actuaciones al subrogante legal correspondiente y se solicitó a la magistrada un informe explicando las razones de la demora.

Asimismo, el Tribunal Superior de Justicia resolvió dar tratamiento a una denuncia por presunta violencia laboral presentada por empleados judiciales contra una magistrada de la Cámara Primera en lo Civil, Comercial y de Minas de la Primera Circunscripción Judicial, disponiendo la apertura de las actuaciones correspondientes para el análisis institucional de los hechos denunciados.

El Alto Cuerpo reafirmó que el respeto, la dignidad en el trato y las condiciones laborales adecuadas constituyen principios fundamentales dentro de la Función Judicial, destacando su compromiso con la protección de los empleados y funcionarios que pudieran verse afectados por situaciones de violencia o maltrato en el ámbito laboral.

Finalmente, el TSJ señaló que estas decisiones se inscriben en una política institucional orientada a fortalecer la transparencia, garantizar respuestas judiciales en tiempo oportuno y promover un ámbito laboral respetuoso dentro del sistema de justicia provincial.