LA JUSTICIA CONDENÓ A UN HOMBRE A PRISIÓN EFECTIVA POR AGREDIR A UN UNIVERSITARIO Y ROBARLE EL CELULAR

La sentencia fue dictada por la Cámara Tercera en lo Criminal y Correccional, Sala Unipersonal, correspondiente a la Primera Circunscripción Judicial, con sede en la ciudad de La Rioja. La jueza Edith Elizabeth Agüero encabezó el juicio abreviado contra Pablo Antonio Andrada, imputado por robo en grado de tentativa en flagrancia y lesiones leves.

El juicio se realizó de forma virtual, la jueza Edith Elizabeth Agüero de la Cámara Tercera en lo Criminal y Correccional condenó a Pablo Antonio Andrada a la pena unificada de 3 años y 8 meses de prisión efectiva. La decisión se basó en su responsabilidad en un hecho de robo en grado de tentativa y lesiones leves, ocurrido el 28 de febrero de 2025 en el barrio Olivares de la capital riojana.

Según la acusación, Andrada interceptó a un joven de 19 años que se dirigía a la facultad, lo agredió físicamente e intentó sustraerle el teléfono celular. La víctima logró resistirse y, con ayuda de vecinos, se retuvo al agresor hasta la llegada de la policía, que secuestró en el lugar una motocicleta y un celular.

El procedimiento abreviado fue acordado entre el Ministerio Público Fiscal, representado por la fiscal Dra, Ana María Lozada, el acusado y su defensa, a cargo de la abogada Mónica Alejandra Vidable. En la audiencia, Andrada reconoció su autoría, aceptó la calificación legal y consintió la pena pactada de un año de prisión efectiva, que luego fue unificada con una condena anterior de dos años y ocho meses dictada por el mismo tribunal en diciembre de 2022.

La jueza también declaró la reincidencia por primera vez del acusado, conforme lo establece el Código Penal, debido a que el nuevo delito fue cometido durante el cumplimiento de una condena anterior bajo libertad condicional.

Además de la condena, se ordenó el decomiso a favor del Estado Provincial de la motocicleta utilizada en el hecho y se dispuso un examen de adicciones para el condenado, a fin de evaluar la necesidad de un tratamiento de rehabilitación. También se instruyó a la Unidad de Asistencia a la Víctima a consultar al ciudadano afectado si desea ser informado sobre la evolución del cumplimiento de la pena, conforme lo establece la Ley de Víctimas.

Finalmente, se impusieron las costas del proceso al condenado y se fijaron honorarios profesionales.