INICIÓ JUICIO CONTRA UN EXADMINISTRATIVO DE FABRICA TEXTIL POR PRESUNTA ADMINISTRACIÓN FRAUDULENTA

La Cámara Tercera en lo Criminal y Correccional de la Primera Circunscripción Judicial dio inicio a la audiencia de juicio unipersonal contra Claudio E. H., imputado por el delito de Defraudación por Administración Fraudulenta. El debate es presidido por la jueza Sara López Douglas.

En la primera jornada declaró el imputado, quien relató que ingresó a trabajar en la fábrica textil en el año 2002, en el área de producción, y que por cuestiones de salud se retiró al año siguiente. Luego, en noviembre de 2008, fue convocado nuevamente para ocupar un puesto en el área administrativa, desempeñándose allí desde 2009 hasta 2017. Según su testimonio, fue suspendido antes de una auditoría interna y nunca volvió a ser convocado. Aclaró que tenía a su cargo la relación con alrededor de 50 proveedores, y que solo tres casos presentaron problemas, dos de los cuales corresponden a personas de su entorno familiar. Aseguró que las facturas reclamadas figuraban como canceladas en el sistema y negó haber cometido el hecho que se le imputa.

El primer testigo en declarar fue el abogado Dr. Hatuff, quien actuó como querellante y fue quien presentó la denuncia. Dijo ser asesor legal de la empresa desde 1998 y relató que fue convocado tras detectarse una posible irregularidad en el área contable. Explicó que se solicitó una auditoría a personal especializado proveniente de Buenos Aires, y que tras los resultados se resolvió desvincular al imputado.

También brindó testimonio un empleado de la fábrica textil, con 38 años de antigüedad en la firma, quien actualmente se desempeña como gerente administrativo y apoderado. Indicó que hasta el hecho investigado no existían antecedentes de irregularidades administrativas. Explicó que recibió quejas de proveedores por la falta de pago de facturas y que, tras iniciar una auditoría, se detectaron órdenes de pago incompletas o sin firma. Señaló que la desvinculación del imputado se debió a la pérdida de confianza.

Finalmente, declaró una contadora que actuó como perito oficial propuesta por la parte demandante. Detalló que trabajó en la elaboración de un informe contable basado en los documentos provistos, muchos de los cuales llegaron con demoras debido a la situación posterior a la pandemia. Indicó que los reclamos de los proveedores se centraban en el pago de facturas y que ella presentó un informe técnico con registros detallados en agosto de 2021. Aclaró que la documentación fue entregada en su estudio por un garante, que no era el imputado ni su apoderado.