El Juzgado de Instrucción en lo Criminal y Correccional N° 2, a cargo del Juez Dr. Héctor Daniel Barría, dictó procesamiento y prisión preventiva en contra de Domínguez Pablo por el delito de incumplimiento de los deberes de asistencia familiar.
El Juzgado de Instrucción N° 2 resolvió dictar auto de Procesamiento y Prisión preventiva en contra de Franco Cesar Brizuela Silva imputado por el delito de robo calificado.
El Juzgado de Instrucción en lo Criminal y Correccional N° 2, a cargo del Juez Dr. Héctor Daniel Barría, resolvió procesar y dictar prisión preventiva en contra de Fioramonti Branco por el delito de robo calificado en poblado y en banda, agravado por la participación de menores.
El Juzgado de Violencia de Género y Protección Integral de Menores Nº 2, a cargo de la doctora Magdalena Azcurra Cattaneo, dictó Medidas Cautelares de protección de persona en la causa de "Amenazas y Coacción en Concurso Real en Situación de Violencia de Género". La causa se desprende de la denuncia contra un ciudadano que amenazaba con publicar videos y fotos intimas de una mujer, por lo fue detenido y se secuestró una cuantiosa cantidad de soportes informaticos una pc y varios teléfonos. El Juzgado a cargo de la Dra. Azcurra entiende que estas practicas no deben naturalizarse y son concideradas una situación de violencia de género y vulnera la privacidad e intimidad de las personas, por lo que está previsto reprimir con fuerza de ley estas prácticas.
El abogado constitucionalista y asesor de Abuelas de Plaza de Mayo, Eduardo Barcesat, arribó a La Rioja y mantuvo un encuentro con el gobernador Sergio Casas, el presidente del Tribunal Superior de Justicia, Dr. Luis Brizuela y los vocales del mismo cuerpo, Dres. Claudio Ana y Camilo Farias Barros, por otro lado, formaron parte de la reunión integrantes de la Función Ejecutiva, como el Secretario de Derechos Humanos Pocho Brizuela, entre otros. En el encuentro, Barcesat propuso que La Rioja se adhiera a una iniciativa que ya tuvo eco en otras provincias, y que tiene el objetivo de proteger las reservas y recursos minerales, en resguardo del bienestar del pueblo y en defensa de la institucionalidad. Esta propuesta surge al advertir que esa potestad de las provincias fue usurpada por el Gobierno Nacional a través de diversos decretos y resoluciones complementarias, donde se pone en garantía del pago de la deuda el conjunto de las riquezas y recursos existentes en el territorio de la Nación Argentina, así como las empresas de capital estatal nacional, estatal, provincial o municipal.
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