El Presidente del Consejo de la Magistratura de La Rioja, Dr. Gastón Mercado Luna, tomó juramento a los nuevos fiscales, designados oportunamente mediante Acuerdos Nros. 24 y 25, de forma transitoria. Se trata de los Dres. Raúl Alberto Nicolás Ramos como Fiscal de Cámara y Walter Argentino Alanís, como Agente Fiscal, de la Segunda Circunscripción Judicial, con sede de funciones en la Ciudad de Chilecito.
El Tribunal Superior de Justicia (TSJ) resolvió mediante el Acuerdo Nro 90, quienes pusieron en consideración y resolvieron disponer el ASUETO JUDICIAL con suspensión de términos procesales para todo el ámbito de la Provincia de la Rioja para los días 30 de abril y 03 de mayo del corriente año.
El Tribunal Superior de Justicia (TSJ) participó de la reunión organaizada por la Función Ejecutiva, en la cual se trataron la situación epidemiologica y las implicancias que podría tener en el funcionamiento del servicio de justicia. Ante esto, el Poder Judicial expresó su respaldo a las medidas que sean necesarias, en pos de resguardar la salud de las y los riojanos, de los empleados y empleadas de la justicia y de los abogados y abogadas que litigan en el foro provincial.
El Tribunal Superior de Justicia (TSJ) a través de su Presidente, Dr. Luis Alberto Nicolás Brizuela, informó que luego de un trabajo mancomunado con el Gobernador Ricardo Quintela, la Función Judicial pudo adquirir el inmueble destinado al Juzgado de Violencia de Genero de Chilecito y dos vehículos que se utilizarán para el traslado de cuerpos (morgueras), los que se adquieren gracias a un aporte extraordinario del Ejecutivo Provincial.
La Cámara Primera en lo Civil, Comercial, de Minas, Criminal y Correccional, Sala “C”, de la Segunda Circunscripción Judicial con asiento en la Ciudad de Chilecito, a cargo de la Dra. María Greta Decker, resolvió rechazar el recurso de reposición planteado en contra de la resolución mediante la cual se rechazaba la medida cautelar de inhibición general de bienes solicitada en una causa por filiación extramatrimonial en la que se solicita indemnización por daño moral causado por el no reconocimiento voluntario.
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