EL TSJ EXPRESÓ SU COMPROMISO DE SIEMPRE CON LA PERSPECTIVA DE GÉNERO EN LA FUNCIÓN JUDICIAL

La Oficina de Género participó de la Mesa de Trabajo sobre Justicia con Perspectiva de Género y Deuda Alimentaria; la misma contó con la presencia de la presidenta del TSJ Dra. Gabriela Asis y el Vocal Juez del TSJ Dr. Claudio Saúl quienes destacaron el compromiso continuo de las instituciones judiciales en la implementación de políticas públicas en materia de género.

El encuentro tuvo como objetivo afianzar acuerdos clave en la lucha contra la violencia de género, en el marco de la proximidad al 25 N; con un enfoque particular en la mejora de los protocolos de actuación judicial y la coordinación entre diversos organismos, impulsado por la Secretaria de la Mujer Lic. Karen Navarro y la participación de las integrantes de la Oficina de Género del TSJ.

Durante la reunión, los participantes enfatizaron la importancia de avanzar en la firma de un convenio tripartito entre el Ministerio de Seguridad, el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, la Secretaría de Mujer y Diversidad, y el Tribunal Superior de Justicia.

El encuentro también abordó las dificultades particulares que enfrentan las jurisdicciones fuera de la Capital, donde las condiciones sociales y culturales hacen que la implementación de las normativas de género sea aún más desafiante. Los participantes coincidieron en la necesidad de adaptar las políticas públicas a la idiosincrasia de cada región de la provincia, reconociendo que las realidades de localidades como Chepes, Villa Unión o Chilecito pueden diferir considerablemente a las de la ciudad Capital.

También se destacó los avances realizados desde 2018, año en el que se creó la especialización en violencia de género dentro de los juzgados de La Rioja. A pesar de los desafíos persistentes, se subrayó que las estadísticas y la experiencia acumulada muestran avances significativos, aunque el camino aún es largo.

El encuentro culminó con el firme compromiso de continuar avanzando en la construcción de políticas que garanticen la protección y el respeto a los derechos de las mujeres y las personas en situación de vulnerabilidad.

 

 

 

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